Cuando no existe un acuerdo de extradición entre España y otro país, significa que no hay un tratado bilateral o multilateral vigente que obligue a las partes a entregarse mutuamente a personas acusadas o condenadas por determinados delitos.
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El tema de la negación de la extradición es complejo y está sujeto a varios factores y circunstancias específicas. A continuación, se presentan algunas situaciones en las cuales se puede justificar su rechazo:
La falta de tratado de extradición significa que dos países no tienen un acuerdo official que permita la entrega de personas buscadas por la justicia en uno de los países.
R: Que no existe un acuerdo entre ambos países para la entrega de personas reclamadas por la justicia de uno de ellos, en caso de ser requeridas por delitos cometidos en el otro.
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En algunos casos, los países pueden tener acuerdos informales o prácticas de extradición que permiten la entrega de personas buscadas por la justicia. Sin embargo, estos acuerdos pueden ser menos efectivos que los tratados de extradición formales y pueden variar de un caso a otro.
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España es uno de los países que cuenta con un amplio tratado de extradición, es decir, un acuerdo internacional que permite la entrega de un individuo solicitado por otro país para ser juzgado por un delito cometido fuera de su territorio. Sin embargo, hay algunos países que no tienen tratados de extradición con España, lo que significa que si una persona comete paises sin extradicion con españa un delito en España y luego huye a uno de estos países, no podrá ser extraditada para ser juzgada.
España y Tailandia no tienen acuerdo de extradición, lo que quiere decir que para que un paises sin extradicion con españa preso de uno de los dos países sea trasladado a otro se debe llegar a un acuerdo diplomático que no está sujeto a ningún plazo.
Así, pese a que España forma parte de la Unión Europea y de que existen las llamadas euroórdenes que facilitan el proceso de entrega de prófugos en el terreno comunitario, sus peculiaridades han saltado a la vista en las peticiones contra los antiguos miembros del Govern catalán que se exiliaron para evitar ser procesados por el referéndum de 2017 denegadas por Bélgica, Alemania, Escocia y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.